Los actos con que se ha conmemorado el 30 aniversario del supuesto intento de golpe del 23F han servido para, en contra de las afirmaciones del rey a su llegada al Congreso de los Diputados: "se conoce toda la verdad" sobre lo sucedido y "si no, se la inventan por ahí", recordarnos que, en realidad, nunca hemos sabido nada. Y hay que reconocer que, hasta los que dudan por sistema de las teorías conspiratorias, tienen que optar por las versiones que asocian el asesinato de Carrero Blanco y el intento de golpe con la búsqueda de un determinado modelo de Estado alejado de extremismos de uno u otro signo, aunque sólo sea por la cantidad de incógnitas sin resolver que ha dejado un proceso que sólo ha encausado a un pequeño grupo de cabezas de turco, que no ha investigado la trama civil, que no ha buscado conexiones en la clase política, que no ha explicado suficientemente la tardanza del rey en condenar la rebelión (a pesar de que su experiencia familiar debería haberle evitado cualquier tipo de vacilación al respecto: su abuelo, Alfonso XIII y su cuñado, Constantino de Grecia, perdieron la corona por su apoyo a golpes militares).
Porque, después de más de treinta años de Constitución democrática, de gobiernos de distinto signo, de haber sido promesa electoral del PSOE en 2004 y 2008 y de haberse discutido en 2010 un descafeinado anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública que mantenía el hermetismo sobre seguridad, defensa y política exterior, seguimos sin legislación que permita a los ciudadanos ejercer ese derecho. Así que, mientras que no nos permitan leer lo que ocurrió de verdad tendremos que seguir dando crédito a lo que “inventan por ahí”,
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