Hace tiempo que muchos tienen la certeza de que sólo se sabe lo que los que están al mando quieren que se sepa (aunque Internet esté poniendo algo más difícil mantener secretos); que según qué medio la cuente, la verdad tiene un tono más o menos amarillo y se escora un poco hacia un lado o hacia otro (no demasiado, no vaya a ser que se turbe la paz social) y que, en caso de catástrofes, ante las necesidades políticas del Gobierno de turno, los criterios técnicos de protección de la población o del medio ambiente siempre van a ocupar un lugar secundario.
Si en circunstancias normales es difícil encontrar información de calidad, veraz, independiente y contrastada, cuando la situación es extrema, la tarea pasa a ser casi imposible, ya que, en esos casos, habitualmente oscila entre la tendencia de la mayoría de los medios a recrearse en los aspectos morbosos de los sucesos y la censura ejercida por el Gobierno cuando toma el control de la comunicación.
El ejemplo más reciente lo hemos visto con lo ocurrido con el Tsunami japonés y el accidente que provocó en una de las centrales nucleares de ese país: mientras las autoridades europeas hablaban de “apocalipsis” y de catástrofe ecológica y comenzaban a tomar medidas para congelar sus programas nucleares y las grandes cadenas de supermercados se apresuraban a poner rótulos en los envases de “sushi” garantizando que ninguno de sus componentes procedía de Japón; el gobierno nipón, supuestamente para no asustar a la población, ocultaba y manipulaba los datos de las fugas radiactivas, hasta el punto de que numerosos comentaristas españoles llegaron a acusar de alarmismo infundado a los medios occidentales que las denunciaban.
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