Todo tiene un precio

El agua y los alimentos son imprescindibles para vivir pero nadie se plantea recibirlos sin pagar por ellos. Todos encontramos lógico que abogados, fontaneros, arquitectos, albañiles, agricultores, etc., cobren por su trabajo y no se nos ocurriría que nadie realizase esas tareas gratuitamente de forma habitual.

Sin embargo, cuando nos referimos a cualquier ámbito de la cultura, a pesar de que, aunque nos duela, muchos (demasiados) han demostrado que es un lujo sin el que es factible vivir, parece existir un consenso general en que el acceso debe ser libre, lo que, lógicamente implica que sus trabajadores: escritores, cantantes, actores, músicos, pintores, periodistas, bailarines, recibirían como única remuneración el aplauso y la “gloria”. Y no es que no haya mucha gente dispuesta a trabajar “por amor al arte”, las emisoras de radio, los periódicos, los coros…, de provincias están llenas de artistas frustrados: amas de casa, trabajadores de banca, funcionarios…, incapaces de comprender que están quitándole a alguien su puesto de trabajo y negándose a sí mismos la posibilidad de dedicarse profesionalmente a la afición que tanto les satisface.

La prensa es una industria cultural con costes especialmente altos, sobre todo si se busca producir información propia de calidad, algo que, desde luego, no es posible sin periodistas que ejerzan en condiciones laborales dignas. Hasta ahora, los periódicos en Internet se han mantenido gracias a la publicidad y a las ediciones en papel de sus cabeceras; pero la crisis ha hecho descender los ingresos por ambos conceptos, obligando a replantear su gratuidad. Ya se están experimentando métodos de pago y es lógico, así que, aunque no nos guste, preparemos la cartera.

A la caza del becario

Unidad Editorial (grupo de comunicación propietario de medios como El Mundo, Marca y Expansión) despide a 164 periodistas y trabajadores veteranos mediante un expediente de regulación de empleo (ERE) para posteriormente prorrogar ilegalmente los “sub-contratos” de casi 90 becarios “sin ninguna experiencia profesional” en las distintas redacciones del grupo. El Comité de empresa de El País denuncia en su blog despidos masivos y contratos precarios en su grupo editorial…

El “fenómeno” de los becarios y de los contratos de prácticas no es reciente, ni exclusivo de los medios de comunicación: un estudio del Ministerio de Trabajo de 2006 ya cifraba en unos 150.000 los titulados universitarios que se encontraban realizando prácticas en empresas y Administración pública, trabajando sin contrato. Y con la coartada de la crisis, la situación ha empeorado, el número de puestos de trabajo cubiertos por becarios se ha multiplicado. La ausencia de control de la inspección laboral propiciada tanto por los Gobiernos del PP como por los del PSOE ha agravado los efectos de la situación.

La presión por lograr beneficios y la búsqueda de rentabilidad han conducido a una política de reducción de gastos que, entre otras cosas, ha llevado a hacer recortes en las redacciones y a sustituir a periodistas veteranos por trabajadores con contrato temporal y becarios. Independientemente de medidas más generales, es imprescindible limitar la autorización de los contratos de prácticas a los meses de verano, en los que la Universidad está cerrada; establecer porcentajes máximos de becarios en cada medio y exigir el correcto funcionamiento de la inspección laboral.

Carta enviada (y no publicada) a Público y La Vanguardia

Lo que no aparece en los medios no existe. Así, para los ciudadanos de la mayor parte de España, el 27 de enero los gallegos no hicieron huelga general  y para los que ayer no vieron el minuto escaso que le dedicó la televisión pública o para los que hoy no leyeron el corto aparecido en las páginas de ¡Economía! de uno de los periódicos estatales, los miles de manifestantes de los sindicatos ELA, CIG, LAB, STEE-EILAS, CSC, IC, HIRU y EHNE que desde Galicia, Euskadi, Catalunya y Canarias se desplazaron en autobuses hasta la capital del Estado para protestar “contra el castigo permanente a la sociedad que suponen las nuevas reformas y políticas públicas propuestas por el Ejecutivo y manifestar su rechazo a la reforma de la negociación colectiva que facilitará a las empresas el recorte de los derechos de los trabajadores”, no han sido más que una ilusión óptica (y acústica, porque además de los gritos, no pararon de sonar las gaitas) de los que pasaban por la Castellana ayer por la mañana. Luego, eso sí, los profesionales de la tertulia podrán seguir diciendo que en esté país no hay protesta social porque todos los parados están en la economía sumergida y a los sindicatos los subvenciona el Gobierno.

A veces, ni siquiera las víctimas conocen la verdad

Hace tiempo que muchos tienen la certeza de que sólo se sabe lo que los que están al mando quieren que se sepa (aunque Internet esté poniendo algo más difícil mantener secretos); que según qué medio la cuente, la verdad tiene un tono más o menos amarillo y se escora un poco hacia un lado o hacia otro (no demasiado, no vaya a ser que se turbe la paz social) y que, en caso de catástrofes, ante las necesidades políticas del Gobierno de turno, los criterios técnicos de protección de la población o del medio ambiente siempre van a ocupar un lugar secundario.

Si en circunstancias normales es difícil encontrar información de calidad, veraz, independiente y contrastada, cuando la situación es extrema, la tarea pasa a ser casi imposible, ya que, en esos casos, habitualmente oscila entre la tendencia de la mayoría de los medios a recrearse en los aspectos morbosos de los sucesos y la censura ejercida por el Gobierno cuando toma el control de la comunicación.

El ejemplo más reciente lo hemos visto con lo ocurrido con el Tsunami japonés y el accidente que provocó en una de las centrales nucleares de ese país: mientras las autoridades europeas hablaban de “apocalipsis” y de catástrofe ecológica y comenzaban a tomar medidas para congelar sus programas nucleares y las grandes cadenas de supermercados se apresuraban a poner rótulos en los envases de “sushi” garantizando que ninguno de sus componentes procedía de Japón; el gobierno nipón, supuestamente para no asustar a la población, ocultaba y manipulaba los datos de las fugas radiactivas, hasta el punto de que numerosos comentaristas españoles llegaron a acusar de alarmismo infundado a los medios occidentales que las denunciaban.